La investigación por lavado de activos que enfrenta el expresidente Alan García y su exesposa Pilar Nores comprende en total a 31 personas, pero podría arrastrar a varias y reconocidas empresas nacionales. En efecto, según la disposición que declara a los investigados como miembros de una presunta organización criminal, el fiscal José Castellanos Jara menciona que los principales supuestos testaferros del exmandatario -Hernán Garrido Lecca, José Antonio Chang, Aurelio Pastor, Luis Nava y la mencionada exprimera dama- tienen vínculos con importantes firmas.

Entre ellas, en el documento se hace mención a Librería Crisol, la Universidad San Martín de Porres y hasta el Club FBC Melgar.

“Los presuntos testaferros que forman parte de grupos empresariales habrían utilizado sus empresas a efectos de que el dinero y activos de origen ilícito retornen al líder de la organización criminal -es decir, Alan García- en algún momento”, reza la disposición del Ministerio Público. Además de las empresas arriba mencionadas, Castellanos Jara refiere que entre las compañías involucradas con el primer nivel de testaferros también están Inversiones Quijote S.A.C., Librería Santilla S.A.C. y Alpamayo Entertaiment S.A.C., esta última es la firma responsable de películas animadas peruanas como Piratas del Caribe, Dragones, destino de fuego y Valentino.

COMO LA CAMORRA
Tal como lo informa Correo en su edición de hoy, la Disposición N° 7 del fiscal refiere que varios de los integrantes de la presunta organización criminal, a la que compara con la mafia, ostentaron cargos públicos para un fin oculto: facilitar el lavado de activos. El integrante de la presunta organización criminal no era cualquiera, sino que se trataría de alguien que tenga vocación de permanencia y demostrara confianza absoluta y capacidad de guardar silencio, castigándose cualquier acto de traición: una suerte de código de honor, propio de las organizaciones criminales tristemente célebres (Mafia Camorra, Ndrangeta, etc.). Esta confianza tendría como objetivo el pleno beneficio del líder o jefe, y el funcionamiento regular de la organización criminal”, dice el documento.