Por Rafael Poblete

La decisiva confesión de Marcelo Odebrecht de que su constructora entregó a Humala US$ 3 millones durante la campaña electoral peruana de 2011 –confirmación que tendrá graves consecuencias y que certifica la información más comprometedora de las agendas de Nadine- y la prisión preventiva del gobernador regional del Callao Félix Moreno, involucrado hasta el cuello en prácticas mafiosas de esta mega empresa brasileña, son dos ejemplos de cómo la lucha contra la corrupción contra personajes poderosos en el país requiere de fuerzas externas para vencer la inercia de la inoperancia del establishment nacional tan viciado por la corrupción, la complicidad y la indolencia hasta el punto de que sin esas fuerzas presumiblemente campearía la impunidad absoluta.

Los groseros signos exteriores de riqueza de la familia Humala-Heredia, que de ninguna manera pueden justificar legalmente, y la miríada de indicios, pruebas, testimonios, etc. que revelan que cómo “contraprestación” por la entrega de los US$ 3 millones (y presumiblemente por otros millones más que después saldrán a la luz), la otrora “pareja presidencial” entregó en bandeja de plata al país para que Odebrecht haga multimillonarios negocios en contra de los intereses nacionales (con el Gasoducto Sur Peruano a la cabeza cuya ejecución se iba a convertir en uno de los saqueos más grandes perpetrados contra el Perú en todas su historia), era cosa sabida por cualquier ciudadano de a pie medianamente informado. Sin embargo, la extrema, increíble lentitud del aparato de justicia siempre ha sido harto sospechosa con el riesgo de la inminente fuga de la pareja “nacionalista”. La confesión de Marcelo Odebrecht literalmente obligará a los magistrados actuar como corresponde.

En el caso del Callao, desde hace años es harto conocida la relación del entramado estatal -y de Chim Pum Callao en particular- con el crimen organizado del primer puerto y, la trayectoria groseramente delictiva de parte importante de las principales autoridades regionales y municipales de esta provincia con un amplio menú de delitos. Es obvio que -como en el caso de Ancash en manos de la banda criminal que lideró el entonces presidente regional César Álvarez- la larga impunidad de las organizaciones mafiosas enquistadas en el aparato público y el gobierno regional y los municipios chalacos requirió de la decisiva, determinante complicidad encubridora de fiscales, jueces, políticos e incluso de determinados medios de comunicación.

Tras la detención del gobernador Moreno, un coro de voces “indignadas” –políticos, congresistas chalacos, notables, analistas, “opinólogos” incluso ex magistrados- parecieron competir en los micrófonos y cámaras para expresar su indignación ante la presunta corrupción y se rasgaron las vestiduras exigiendo justicia y mano dura. Pero la mayoría de estos personajes y personajillos fueron “ciegos, sordos y mudos” sobre el tema hasta que estalló el escándalo en Brasil el cual ha generado una suerte de masa crítica de indignación ciudadana que no pueden escamotear el aparato de justicia y los políticos peruanos y que, en el caso del Callao, amenaza con arrasar el orden mafioso imperante en esta provincia.

A propósito, ¿Por qué es especialmente significativa la relación del entramado político y estatal chalaco con el crimen organizado del primer puerto?: la respuesta es el narcotráfico. Desde hace cuatro o cinco años el Perú es, aleatoriamente, el primer o segundo productor de cocaína del mundo –tremendo tema del cual casi nadie habla y cuya gravedad es escamoteada del debate nacional- y, precisamente, el primer puerto es el principal punto de salida de la droga hacia los mercados mundiales. Sobre este tema no se hace nada y, como en el caso del narcotraficante y propietario de la desaparecida aerolínea Aero Continente Fernando Zevallos (durante muchos años soberbiamente impune hasta que el Departamento de Estado de EEUU le bajó el dedo) probablemente una lucha efectiva contra estas poderosas mafias en el Callao sólo procederá de fuertes presiones extranjeras.

La corrupción es endémica en el Perú, prácticamente constitutiva en el quehacer estatal. Por ejemplo, el alcalde de Chilca –un anodino ex obrero de construcción civil devenido en pomposo magnate barrial, recientemente detenido en el marco del desbaratamiento de la banda criminal “Los Rucos”- es sólo uno entre miles de funcionarios públicos que se enriquecieron y se enriquecen mediante el delito. Miles de “servidores públicos” entre políticos, alcaldes provinciales y distritales, gobernadores, consejeros, funcionarios, administradores, fiscales, jueces, policías, operadores y recaderos, robaron y roban, hacen negociados y reciben coimas destruyendo el tejido del Estado peruano. De acuerdo a su importancia –distrital o provincial- su entorno social y político sabe sobre el tema debido a los escandalosos signos exteriores de riqueza de estos delincuentes de cuello blanco, riqueza que no pueden justificar legalmente, además de los abusos que perpetran y la miríada de denuncias penales que generalmente pesan en su contra. Y, precisamente aquellos que deben actuar son “ciegos, sordos y mudos” hasta que las circunstancias lo permitan.

La experiencia señala que generalmente un periodismo responsable y valiente y, una ciudadanía indignada y vigilante pueden coadyuvar a generar cambios y obligar a fiscales, jueces y políticos a comprometerse (en muchos casos a pesar suyo) en la lucha contra la corrupción que estraga al país. En los grandes casos que involucran a cientos de corruptos de cuello blanco (como es el caso de Odebrecht) la resistencia cómplice en el aparato de justicia y la clase política es muy fuerte, sin embargo, determinados acontecimientos en el extranjero pueden alimentan una cruzada imparable para sanear al país.