Las falacias son argumentaciones psicológicamente persuasivas pero definitivamente incorrectas, que de forma deliberada o accidental, son cometidas por los políticos y sirven de fuente noticiosa a los periodistas, contribuyendo a la consolidación del discurso dominante en la sociedad, tal como lo definen Nigro y Blaquier en su obra Desnudando el discurso político; por lo que es pertinente preguntarse si aquellas se presentan en el discurso político vigente en materia de lucha contra la corrupción.

La pertinencia radica en el hecho que la corrupción es el segundo problema más importante en el país después de la delincuencia, según Proética, y haber caído como país, trece puestos en el índice de percepción mundial sobre la corrupción 2016, ocupando el puesto 101 de 176 países estudiados; además de significar una pérdida anual de doce mil seiscientos millones de soles por corrupción en las compras y obras públicas, según el informe de la Comisión Presidencial de Integridad publicado en el mes de diciembre pasado.

En este sentido, los diferentes poderes del Estado son persistentes en comunicar sobre su involucramiento en la lucha contra la corrupción; sin embargo, en su discurso incurren en falacias para sostener dicha creencia en la ciudadanía; veamos el caso del Poder Ejecutivo, constantemente se señala la necesidad de contar con personal altamente calificado para tal fin; pero no se dice que el Decreto Supremo N° 021-2017-EF reduciendo los requisitos de la Ley 29806 permite que bachilleres puedan acceder a los salarios más importantes de la administración pública a cubrir puestos designados por el titular de la entidad de turno; tampoco se dice al justificar el despido de la Procuradora Ampuero por no haber cumplido determinadas normas legales vigentes – a lo cual está obligada – que en su condición de abogada del Estado, ella y cualquier otro procurador tienen el deber y la obligación de actuar con independencia, así estén interrogando al señor Presidente de la República sobre el caso Odebrecht.

El Poder Judicial, el Ministerio Público y el Poder Legislativo también pregonan su intención de lucha anticorrupción.

En el caso del Poder Judicial, su discurso nada dice de las sanciones aplicadas por la OCMA para luchar contra la corrupción interna, su magnitud ni frecuencia, tampoco sobre los fallos dando libertad a bandas criminales o denunciados por corrupción; pareciera que basta invocar el principio constitucional de la independencia judicial para disculpar cualquier atropello.
El Ministerio Público, no menciona el impacto positivo, o no, de la implementación del Nuevo Código Procesal Penal, de febrero a junio del presente año; según información periodística realizada por Grupo ISP, a nivel nacional se nombraron a 346 fiscales adjuntos provinciales provisionales; solo 7 de ellos a Fiscalías relacionadas a la lucha contra la corrupción.
Al igual, el Poder Legislativo nada dice respecto a que el personal administrativo ingrese a las normas de evaluación de la ley SERVIR, y tampoco se refieren a la lentitud en sancionar a congresistas que incurren en conflictos de intereses.
Todo esto quiere decir que el discurso dominante sobre la lucha contra la corrupción contiene una serie de falacias que se orientan a fortalecer la eficacia del discurso y no a probar la acción real de la lucha contra la corrupción; aquí el rol de los medios de comunicación es clave porque el discurso político transformado en titulares noticiosos contribuyen a construir la creencia social sobre determinados temas; por eso se sugiere que dichos medios tengan la capacidad de identificar las falacias mediante entrevistas profundas e investigaciones serias e independientes; de nada sirve oponerse a un discurso dominante sino lo cuestionamos ni demostramos sus falacias.

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