No es su función reemplazar al Ministerio Público

Si lo denunciado por las ex procuradoras fuera exacto, afrontaríamos un terremoto político de inimaginables consecuencias. Que el presidente de la República y el primer ministro resultaran comprometidos por las investigaciones sobre Odebrecht y que por ese motivo Príncipe y Ampuero hayan sido destituidas de sus cargos, significaría que lo delictivo ha alcanzado las cumbres del Estado y que este Gobierno, al ponerse fuera de la ley, dejaría de ser viable.
En un ambiente político tan cargado de acrimonia e insensatez, preferimos tomar distancia, optar por la prudencia y estimar que tales declaraciones son exabruptos, frutos del despecho que el despido incita. Lo que no quiere decir minimizar, en absoluto, el escándalo producido. Cuando las cosas parecían estabilizarse luego del encuentro PPK-Keiko (cuyo primer vástago habría sido el nombramiento del nuevo contralor), y las fisuras al interior del fujimorismo cambiaban el foco de la atención ciudadana, dándole al oficialismo el respiro necesario para evaluar el primer año con la serenidad del caso y reajustar su desvencijado Gabinete, de pronto, como dice la canción, “todo se derrumbó”.
La reciente crisis pone al descubierto el peso de los elementos anárquicos que anidan en el propio Gobierno. Cómo es posible que una política general de la envergadura de la defensa judicial del Estado, que requiere mucho profesionalismo (pues hay demasiado en juego), se maneje de modo tan irresponsable. Los intereses del país, que el Estado representa, serán salvaguardados o no, dependiendo de la estrategia jurisdiccional que se ejecute. Y los últimos acontecimientos evidencian la incompetencia total de quienes han manejado estos asuntos.
¿Cuál ha sido el celo de la ministra de Justicia cuando contrata a funcionarios con los que rompe pocos meses después? ¿Cómo se puede ser eficiente en la lucha contra la corrupción con equipos que no se entienden entre sí, que responden a lógicas distintas y carecen del mínimo de coherencia? ¿Por qué en los procesos judiciales la Procuraduría no separa lo punitivo de la cautela económica y las inversiones empresariales? Estas últimas no pueden ser simplemente proscritas. Se afectaría, además del crecimiento nacional, a miles y miles de trabajadores, comerciantes y proveedores, que sin culpa han sido perjudicados. Una defensa judicial inteligente no puede paralizar todo mientras se investiga, juzga y penaliza. No solo persigue a los culpables, también debe proteger a los inocentes.
Solvencia y eficacia serán productos de la unidad de propósito entre actores políticos y técnico-profesionales. En ningún caso debido a la independencia reclamada por ciertos procuradores, como si fueran fiscales. No es su función reemplazar ni duplicar, al Ministerio Público. Y es que estar al servicio del Estado —como todos los servidores públicos— no significa desvincularse del Gobierno, pues este administra a aquel democráticamente y con legitimidad popular. No cabe oponer Estado a Gobierno, como dos entidades separadas y contradictorias, pues todo Gobierno es parte inherente del Estado y, más aún, su lado activo y directriz.

Ángel Delgado Silva